La detención de nueve elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Progreso de Obregón ha destapado una escalofriante historia que ya es investigada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) bajo el delito de homicidio doloso calificado en agravio de Bernardo “N”.
De acuerdo con información obtenida por Grito Informativo, los hechos que dieron origen a la detención, ocurrieron el pasado fin de semana, luego de que un grupo de policías municipales, en servicio, sostuviera un altercado verbal con dos hombres, Bernardo “N” y Alejandro “N”, en las inmediaciones de una taquería en Progreso de Obregón.
Presuntamente, la discusión escaló entre insultos y provocaciones, situación que habría desatado la furia de los uniformados, quienes, aparentemente, ya identificaban y ubicaban plenamente los dos varones, pues anteriormente ya habrían enfrentado problemas con la justicia por diversos delitos, entre los que inclusive se maneja la venta de substancias.
Según las indagatorias, minutos después Bernardo “N” y Alejandro “N”, fueron interceptados por los oficiales, no para una detención formal, sino presuntamente para privarlos ilegalmente de la libertad y someterlos a actos de violencia física como represalia.
La investigación señala que ambas víctimas fueron trasladadas por distintas calles, colonias y zonas despobladas del municipio, nunca fueron ingresados a la galera municipal.
Incluso, versiones integradas en la carpeta apuntan a que en algún momento fueron cambiados de patrulla y supuestamente llevados al Salón Bicentenario, donde presuntamente continuaron las agresiones físicas.
Como parte de las indagatorias, también se realizó un cateo en el salón Bicentenario para recabar pruebas e indicios de lo ocurrido.
Las lesiones provocadas a Bernardo “N” habrían sido de tal gravedad que terminaron por causarle la muerte. Posteriormente, y ante la gravedad de lo sucedido, los presuntos responsables se habrían deshecho del cuerpo, abandonándolo sobre el despoblado camino que conecta la colonia Veracruz con la comunidad de Jagüey Blanco, en territorio del municipio de Mixquiahuala.
En medio de los hechos, Alejandro “N” logró escapar, y su testimonio se convirtió en pieza clave para la integración de la carpeta de investigación que permitió el avance de las diligencias ministeriales.
En su testimonio, aportó datos precisos de los hechos.
Otro aspecto que ha generado preocupación, es que la mayoría de los policías involucrados contaban con amplia trayectoria dentro de las corporaciones de seguridad y eran elementos certificados que tenían aprobados los exámenes de control y confianza aplicados por el llamado C3 de la Secretaría de Seguridad Pública estatal de Hidalgo, en los que entre otras cosas, se les evalúa psicológicamente para garantizar que sean aptos para las funciones policiales.
La situación ha vuelto a poner bajo cuestionamiento la efectividad de los mecanismos de selección, evaluación y supervisión policial.
Cabe recordar que durante la pasada administración municipal algunos elementos denunciaron presuntos actos de corrupción relacionados con evaluaciones de control y confianza, señalando que compañeros habrían entregado sobornos a un instructor de la Policía Estatal para obtener calificaciones aprobatorias en exámenes previamente reprobados.
Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad legal de cada uno de los elementos detenidos y su grado de participación en los hechos.
