Por: José Ramón Amieva Gálvez
En 1960 el entonces Presidente Adolfo López Mateos como una respuesta a los abusos que durante 55 años habían cometido las empresas extranjeras cobrando hasta 4 veces más, el costo real de la energía eléctrica a los hogares mexicanos, modificó el artículo 27 constitucional para que correspondiera exclusivamente a la Nación, la generación y la prestación del servicio correspondiente.
En ese momento inició la electrificación del país, que en más de una mitad se alumbraba solo con velas o quinqués de petróleo. Sin embargo, con la artera extinción de «Luz y Fuerza del Centro» y la mal llamada «Reforma Energética» de 2013 nuevamente se abrió la puerta a los consorcios para iniciar un control del mercado de oferta de la luz eléctrica, resultado que a la fecha ha redituado en el deterioro y su utilización de la infraestructura energética del país, en el cobro injusto del servicio (pagan más las familias y menos los grandes consumidores) y el camino de la privatización de la extracción de nuestros recursos naturales, como es el litio (que se ocupa en pilas portátiles).
Como una respuesta ante ese retroceso histórico y ataque a nuestra soberanía energética, nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa al Congreso de la Unión con los siguientes alcances:
1.- Comisión Federal de Electricidad tendrá hasta el 54% de la capacidad de producción de la energía eléctrica del país, dejando el restante 46% a la iniciativa privada.
2.- Desaparece la estructura burocrática de los órganos administrativos reguladores existentes y sus funciones se transfieren a la Secretaría de Energía.
3.- Se priorizan las fuentes y métodos para la generación de energía considerando la capacidad y potencial de la estructura pública sin dejar a un lado el uso de energías limpias y la posibilidad a las empresas para invertir en la producción.
4.- Se dispone que el Estado conservará la rectoría sobre la explotación y distribución del litio riqueza de todas y todos los mexicanos.
Esta iniciativa nos permite retomar el camino para una transición energética en donde los consumidores domésticos tengan acceso a una tarifa justa, a un servicio digno y a una herencia de las actividades estratégicas y riqueza nacional que serán legado para futuras generaciones, ojala que dichos alcances también reivindiquen la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas como actores fundamentales de esta soberanía energética.